En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso y la Explotación Sexual Infantil, Colombia debe hacer una pausa profunda para reflexionar sobre una deuda que aún persiste: la prevención integral de todas las formas de violencia sexual que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes.
El artículo 44 de la Constitución Política reconoce la integridad física y emocional como derechos prevalentes y obliga al Estado, la familia y la sociedad a garantizar su protección. Sin embargo, esa promesa constitucional sigue lejos de materializarse en acciones preventivas efectivas. En este campo, la prevención no es un complemento: es la estrategia más humana y menos costosa para evitar el daño irreparable.
Las cifras más recientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) muestran la magnitud del problema: entre enero y septiembre de 2025 se han abierto 15.853 procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual, de los cuales 5.967 corresponden a menores de 12 años. El 85 % de las víctimas son niñas, y las regiones más afectadas son Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Atlántico. Estas cifras —además del subregistro— reflejan una realidad que no admite indiferencia: detrás de cada número hay una vida interrumpida y una sociedad que ha fallado en su deber de proteger.
Las secuelas del abuso sexual infantil son devastadoras y duraderas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las víctimas tienen mayores probabilidades de desarrollar depresión, ansiedad, enfermedades crónicas y dificultades en sus vínculos afectivos. No atender un caso a tiempo implica reproducir un ciclo de dolor que trasciende generaciones. La prevención, por tanto, no solo es un deber legal sino un compromiso moral con el presente y el futuro del país.
Colombia ha tenido avances legislativos importantes. La Ley 1146 de 2007, de autoría del Partido MIRA, creó el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual Infantil. Más recientemente, la Ley 2137 de 2024 estableció el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Son instrumentos valiosos, pero requieren mayor articulación institucional, evaluación constante y presupuesto suficiente. No basta con promulgar leyes: hay que garantizar que se cumplan, que lleguen a los territorios y que actúen a tiempo.
Hoy, además, debemos enfrentar nuevos escenarios de riesgo. La explotación sexual digital y la producción de material pornográfico infantil mediante inteligencia artificial son amenazas reales y en expansión. Según UNICEF y Europol (2024), el 70 % de los casos de explotación sexual infantil en línea se origina en redes sociales y plataformas de mensajería. Por eso, el país necesita fortalecer su legislación tecnológica, capacitar a jueces y fiscales en delitos digitales, y promover campañas de educación digital preventiva desde las escuelas.
Pero la verdadera prevención comienza en los entornos más cercanos: en las familias, las escuelas, las iglesias, los barrios y las redes comunitarias. Debemos pasar de la reacción al modelo de corresponsabilidad activa, donde todos los adultos asumen la tarea de proteger y educar. Es aquí donde las acciones afirmativas se vuelven indispensables: educación sexual integral con enfoque de respeto, atención psicológica temprana a víctimas, formación docente para la detección de señales de abuso, y fortalecimiento del talento humano en defensorías de familia.
En este sentido, organismos como la OEA, la UNICEF y la CAF han enfatizado que los países que más avanzan en la reducción del abuso sexual infantil son aquellos que adoptan políticas intersectoriales y sostenidas en el tiempo, centradas en la prevención, la reparación y la cultura del cuidado.
Colombia necesita un Acuerdo Nacional por la Prevención del Abuso Sexual Infantil, con metas medibles, articulación entre niveles de gobierno y participación ciudadana. No se trata solo de endurecer penas o reaccionar ante cada tragedia: se trata de actuar antes de que ocurra el daño.
Solo así podremos decir que el país está cumpliendo con la obligación que nos impone la Constitución y la conciencia colectiva: proteger la infancia, prevenir el abuso y erradicar la explotación sexual en todas sus formas.