La cultura es el conjunto de valores, normas, conocimientos, prácticas y creencias compartidas que organizan la vida en sociedad y constituyen la base de la identidad de sus integrantes. Es por ello, que el acto de creer forma parte esencial de la forma en que el ser humano interpreta su identidad y su rol como integrante de una sociedad.
Y si la esencia de una comunidad se halla determinada por la identidad de sus individuos, el respeto de las perspectivas y creencias personales, es central para el desarrollo colectivo. En este contexto, la libertad religiosa se enmarca como uno de los pilares fundamentales que moldean la identidad de los ciudadanos.
Colombia no es ajena a éste postulado por ello desde el preámbulo y los artículos 18 y 19 de la Constitución Política, se establecen la libertad religiosa, de culto y de conciencia como derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado y promovidos en su respeto. No obstante, lograr una garantía integral de este derecho ha representado un gran desafío, especialmente en un país como Colombia que, según el informe de la ONG Open Doors para el año 2025, se encuentra entre los 50 países donde los cristianos enfrentan mayores niveles de persecución, ocupando el puesto 46, junto con otros cuatro países de América Latina.
El reconocimiento, protección y la garantía efectiva de este derecho ha tomado más de tres décadas de esfuerzo, para alcanzar en Colombia, debido a su impacto en al menos cuatro dimensiones fundamentales donde se desenvuelven los individuos, y todos deben ser reconocidos y amparados:
- Ámbito personal: donde cada individuo tiene la libertad de decidir creer o no hacerlo.
- Ámbito congregacional: que permite la práctica del culto de manera colectiva, en virtud de la libertad religiosa.
- Ámbito público: pese a que la decisión de creer o no hacerlo hace parte del fuero interno de cada persona, ésta se verá reflejada en demostraciones públicas de su fe o creencias, que no pueden ser coartadas ni estigmatizadas por los demás ciudadanos, ya que solo en la medida en que el Estado respete y proteja esta libertad, se podrá hablar de una sociedad verdaderamente tolerante, inclusiva y pluralista.
- Ámbito social: en el que los aportes de las religiones trascienden lo espiritual y se traducen en acciones concretas en beneficio del bienestar físico y mental de las comunidades, lo que se denomina “aporte social”.
En este proceso, actores políticos como el Partido MIRA, fundado desde una vocación cristiana con el propósito de transformar las prácticas políticas desde los principios y valores, ha sido actor clave en la promoción de un enfoque integral de este derecho.
Un hito relevante en este camino fue la aprobación de la Ley 1482 de 2011, conocida comúnmente como la “Ley Antidiscriminación”; penaliza el hostigamiento por razones de religión, así como por motivos de raza e ideología política, entre otros. Ha sido considerada un avance significativo, que contribuye a erradicar toda forma de discriminación, incluida la generada en virtud de las creencias.
Pero además, han sido pieza clave para que el sector religioso se haya consolidado como una fuerza con capacidad de incidir positivamente en la esfera pública. Ha demostrado que la unión entre religión y política no solo es posible, sino deseable, en la medida en que permite trasladar valores y principios éticos hacia los espacios de toma de decisiones en lo público. Además, ha propiciado la creación de espacios de integración para la pluralidad religiosa del país, resaltando puntos de convergencia entre las distintas confesiones, los cuales van más allá de lo espiritual, impactando favorablemente a comunidades en todo el territorio nacional, especialmente en poblaciones vulnerables.
Gracias al trabajo mancomunado del sector religioso y las organizaciones basadas en la fe, a través del diálogo interreligioso, hoy el país cuenta con 108 políticas públicas de libertad religiosa en los niveles municipal y departamental, ganando así, espacios institucionales dentro de diferentes instancias gubernamentales, desde donde pueden visibilizar sus aportes y expresar sus necesidades, como parte del mapa de actores sociales de sus territorios, como lo demuestra la creación de más de 350 Comités de Libertad Religiosa en todo el país.
Este reconocimiento también se ha traducido en la existencia de más de 28 políticas de cooperación para la libertad religiosa, por medio de las cuales se podrá valorar el aporte social del sector interreligioso en sus entornos, en especial en la atención de comunidades vulnerables. La cooperación entre el sector religioso y otros actores ha demostrado su relevancia en la construcción del tejido social que en últimas nos permitirá alcanzar esa paz que tanto anhelamos.
El avance territorial ha ido de la mano con el posicionamiento del sector a nivel nacional. Durante más de una década, se ha insistido en la necesidad de incluir una política pública nacional de libertad religiosa en los planes de desarrollo, reconociendo el valor del aporte social del sector y fortaleciendo su participación en los asuntos públicos.
Se han dado pasos importantes, pero aún persiste la necesidad de dotar a este derecho de mayores herramientas jurídicas y mecanismos institucionales que protejan y garanticen plenamente la libertad de creer o no creer, y que permitan valorar en toda su dimensión los aportes del sector religioso, que van más allá del ámbito espiritual.
Recientemente, en el Congreso de la República se llevó a cabo un debate profundo sobre una iniciativa legislativa que buscaba precisamente reconocer el trabajo social del sector religioso en beneficio de las poblaciones más necesitadas. Este proyecto de ley, ya aprobado por el Congreso y pendiente de sanción presidencial, generó reflexiones clave: Colombia aún enfrenta un profundo desconocimiento sobre el significado de la religión, su capacidad transformadora y su relación con los valores democráticos.
La crisis social y de valores que enfrenta Colombia no puede abordarse de manera superficial. La construcción de la paz exige superar no solo los conflictos armados, sino también el desconocimiento frente al papel que puede desempeñar la religión en la promoción de valores y en el fortalecimiento de los fundamentos democráticos. Es imperativo avanzar hacia un cambio cultural, educativo y social que permita hacer de la libertad religiosa una realidad plena.
En el marco del día nacional de la libertad religiosa en Colombia, conmemorado el 4 de julio de cada año, esta reflexión debe servir como un llamado a continuar construyendo una sociedad donde prevalezca la tolerancia y la convivencia con respeto.
Centro de Pensamiento Luis Eduardo Moreno